Proponen modelo para viabilizar inversiones por US$ 50.000 mills.

Hay US$ 50 mil millones esperando a ser invertidos en minería en Chile. “El gran desafío es cómo materializar esas inversiones, y nosotros proponemos una innovación institucional que cree un sistema de diálogo permanente entre empresas, comunidades y Estado, vinculada a la gestión de grandes proyectos de inversión”, explicó a El Mercurio el ex ministro Álvaro García, presidente ejecutivo de la corporación público-privada Valor Minero.

En su directorio figuran el chairman de Antofagasta Minerals, Jean-Paul Luksic, y el ex Presidente Ricardo Lagos, entre otros. Hoy es una corporación público-privada, que  integra a empresarios, comunidades indígenas, sindicatos y ambientalistas.

La entidad ideó en conjunto con el Gobierno y el Poder Judicial un modelo para que esos US$ 50 mil millones se desembolsen en Chile, en minería, lo que implica hacerlo sin judicialización, sin excesivos atrasos y lo más importante, sin conflictos.

Dicho modelo, que se ha trabajado con distintas autoridades del Gobierno y el Poder Judicial, incluye cuatro áreas:

 1 Crear una Oficina de Grandes Proyectos -símil a la que existe en Canadá-, dependiente del Ministerio de Economía, de manera de acelerar el trámite de las inversiones mediante una suerte de “ventanilla única”.

 2 Establecer un sistema de diálogo permanente con las comunidades, inserto en el mecanismo de evaluación ambiental, de manera que se cuantifiquen los impactos negativos y positivos de un proyecto en lo social, económico y cultural, todos aspectos que hoy están en las calificaciones ambientales, pero de una manera subrepticia y poco clara.

Valor Minero también propone que se fije un plazo para que las organizaciones, debidamente certificadas, decidan si participan o no de la evaluación de un proyecto y así, si se restan, no puedan reclamar posteriormente.

 3 Implementar un sistema de resolución de controversias y conflictos, en el que los actores -desde sindicatos hasta ONGs y juntas de vecinos- puedan concurrir a una mediación, arbitraje o conciliación, según sea el caso, y que esto sea válido judicialmente. El Poder Judicial ya está trabajando en ello.

 4 Contar con una entidad certificadora que, por ejemplo, habilite a las organizaciones que participen en el diálogo para desarrollar un proyecto. Esto busca, detalla el ex ministro, “que no aparezcan organizaciones de la noche a la mañana, con poca legitimidad, sin representatividad, creadas solo para beneficiarse de un proyecto de inversión concreto”.

La idea es testearla en tres planes piloto. Uno en la zona de Sierra Gorda, donde participan compañías mineras como BHP Billiton y Antofagasta Minerals, y se espera sumar al municipio y comunidades. El otro plan piloto se hará este año en una zona de impacto indígena, posiblemente el Alto Loa. Se trabaja en un tercer proyecto en el golfo de Arauco, vinculado a empresas energéticas.

Foto: AMSA

 

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