Opinión: Ley Reservada del Cobre y Codelco

Miguel Angel Durán, U. Central
Por Miguel Ángel Durán, Director Escuela de Minería, U. Central.

En las últimas semanas se ha discutido mucho acerca de la situación financiera de Codelco y el impacto de la Ley 13.196 en dicha situación. Primero es bueno aclarar que esta es una ley vigente desde el año 1958, que establece hoy que Codelco debe entregar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas, con un monto mínimo de US$ 180 millones, o, en su defecto, el fisco debe completar esa cifra. Este mecanismo de financiamiento tiene varias debilidades: no existe supervisión ni transparencia en el uso de los fondos; no refleja necesariamente las prioridades del Gobierno, y es un gravamen a Codelco que debe cubrir incluso cuando no genera utilidades.

Entre 2010 y 2015, Codelco invirtió US$ 10 mil millones para el desarrollo de nuevos proyectos, financiados en el 91% con deuda y sólo 9% a través de aportes de capital. Este porcentaje está fuera del rango en el cual se mueven las empresas internacionales, del 30 al 50%. Por otra parte, dados el precio actual del cobre y los costos totales de producción de Codelco, durante el primer semestre la estatal acumuló pérdidas por US$ 96 millones, aun cuando entregó US$ 500 millones a las Fuerzas Armadas, y US$ 38 millones en royalty (impuesto que se paga sobre el margen operacional).

Existen opciones para capitalizar Codelco, a través de una ley de recapitalización con una política permanente de retención de dividendos (ejemplo 40%); con el uso de parte del Fondo Estratégico de las Fuerzas Armadas, o mediante la derogación de la Ley Reservada del Cobre. Sin embargo, una posible derogación de dicha ley tendría efectos fiscales importantes, porque los recursos así generados forman parte del cálculo del balance fiscal. Esto significa que si se derogase la normativa, y los recursos se quedaran en Codelco, el Gobierno debería ajustar el gasto en otras áreas o disminuir los recursos para las FF.AA.

Codelco debe contar con recursos financieros para sus inversiones que le permitan asegurar su contribución en el largo plazo a las arcas fiscales de nuestro país. Sin embargo, la derogación de la Ley Reservada del Cobre, que puede ser necesaria por diversos motivos y que obligaría a buscar otras fuentes de financiamiento de las FF.AA., no asegura que la cuprera tenga dichos recursos. Para ello debe reducir sus costos unitarios totales de manera importante, para generar nuevamente utilidades.

Fuente: La Segunda.com

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