OPINIÓN: Minería y Reforma Laboral

Cristián Aguayo, abogado

El piso de la negociación es otra de las normas que en minería obliga a la precaución. Los acuerdos que se suscriban deben considerar que la realidad económica puede cambiar radicalmente.

Por Cristián Aguayo, Abogado Laboral, Socio de Aguayo, Ecclefield y Martínez

La minería enfrenta un momento duro. Bajos precios internacionales, mermas en la producción, e indicadores que la muestran más débil. Un factor sin duda es la Reforma Laboral, su dilatada tramitación en el Congreso repercutió en la toma de decisiones, proyectos e inversiones retardadas o paralizadas.

La supuesta modernización de las normas laborales, título con el cual se conoce a la ley aprobada por el Congreso, regirá desde abril del 2017. Pero más que actualizar nuestras leyes, sólo dará fuerza a la posición negociadora de los sindicatos. La prohibición del reemplazo de los trabajadores obliga al sector a considerar sus efectos en los contratos comerciales para que puedan estar preparados y evitar las sanciones que podría acarrear el incumplimiento de los servicios.

El piso de la negociación es otra de las normas que en minería obliga a la precaución, los acuerdos que se suscriban deben considerar que la realidad económica puede cambiar radicalmente en el futuro. Hay que agregar la complicación que implica la posibilidad de negociar colectivamente para los trabajadores contratados por obra o faena, una realidad laboral importante para esta industria. El ámbito de ejecución de este proceso es posible que se amplíe en forma considerable, pero al incorporar a los trabajadores que son contratados bajo esta modalidad, aumentarán considerablemente los costos.

Además será necesario analizar con más detalle la nueva regulación relativa a los servicios mínimos durante la huelga, el incremento en la obligación relativa al derecho de información y pactos sobre condiciones especiales de trabajo, aunque a todas luces, se puede proyectar que no necesariamente modernizará la industria minera, con los eventuales nocivos efectos para sus trabajadores, el empleo y la economía nacional.

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