Gobierno retira urgencia a reforma del Código de Aguas

Diputados votan Reforma Código Aguas
  • Proyecto busca modificar el sistema de propiedad y usufructo de los recursos hídricos, lo que ha provocado resistencia en sectores empresariales. Comisión de Hacienda del Senado podría intervenir para analizar costos de implementación de esta iniciativa parlamentaria.

Por Minería Total Digital

Tras sortear las comisiones y la votación en general en la Cámara de Diputados, el proyecto que reforma el Código de Aguas entraría con ritmo más lento a la fase de análisis en el Senado, lo que dejaría escasas probabilidades de ser promulgado durante la actual administración de Michelle Bachelet.

Con más atribuciones para la DGA, limitaciones al plazo de las futuras concesiones y -en lo específicamente vinculado con la minería- la regulación de las “aguas del minero”, entre otros elementos, la iniciativa es resistida por el sector empresarial, entre ellos Sonami y Consejo Minero.

Según los gremios, la reforma constituye un factor de incertidumbre para la inversión, especialmente para aquellos proyectos cuyo desarrollo, operación y recuperación de capital se extiende más allá de los lapsos que plantea la moción legislativa para las nuevas concesiones hídricas.

Año electoral

Versiones de prensa apuntan que -al quedar la tramitación sin el impulso del Ejecutivo- la discusión de la reforma al Código de Aguas podría prolongarse más de seis meses. En el intertanto, durante 2017 el gobierno privilegiaría proyectos legislativos más beneficiosos para la popularidad del oficialismo, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral.

En lo fundamental, el freno a los cambios del Código de Aguas se debe a que el Poder Ejecutivo a fines de noviembre comunicó el retiro del carácter de urgencia de esta iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Esto reduce aún más el avance, ya que anteriormente el gobierno había eliminado el carácter de “suma urgencia” al proyecto.

Más comisiones

Otra variable que dilataría la discusión consiste en que -además de la Comisión Especial de Recursos Hídricos y Desertificación- el proyecto sea evaluado, en forma adicional, por dos o, incluso, tres comisiones del Senado. Cada una podrá pronunciarse sobre la reforma, tal como fue aprobada por la Cámara Baja. Las comisiones serían la de Agricultura y la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Antes de la votación de la Sala, el proyecto podría pasar por la comisión de Hacienda para estudiar el gasto relacionado a la implementación de la reforma, que en la cámara se estimó en un total de $2.700 millones para un lapso de 11 años.

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Diario Financiero contribuyó con datos a este artículo.

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